El mismo día en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comunicó en el Congreso su intención de recortar el gasto y con ello los sueldos de funcionarios y altos cargos, los socialistas propusieron formalmente una reducción de las retribuciones de los parlamentarios de la misma magnitud que para los miembros del Ejecutivo, un 15%.

La complejidad de los conceptos y cuantías en las que los parlamentarios reciben sus retribuciones hacía necesario un estudio minucioso de las fórmulas más convenientes para aplicar ese recorte de forma equilibrada.

Se trata de garantizar que el resultado final es un recorte del 15% en todos los casos y que no se alteran las escalas de retribución, que están en función, entre otras cosas, de las responsabilidades de los parlamentarios dentro de su propio grupo y en los órganos de la Cámara.

Por ello, una vez tomada la decisión política de aplicar el recorte y constatada por los presidentes del Congreso y del Senado, los servicios jurídicos están analizando las fórmulas posibles a partir del decreto aprobado por el Gobierno.

Ese decreto ya ha sido publicado en el BOE y está a la espera de su convalidación en el Congreso, y ese es el margen que los grupos políticos se dan para concretar el recorte, quieren que esté listo cuando el texto del Ejecutivo salga de la Cámara.

Es previsible que ese texto se vote el jueves, si ningún grupo se opone a ello en la reunión de mañana de la Junta de Portavoces y de la Mesa, ya que el orden del día del pleno de esta semana ya está cerrado y el Gobierno necesita el visto bueno unánime para introducir un nuevo punto.

Por ello, los miembros de la Mesa esperan que también mañana puedan tener sobre la mesa una propuesta de los servicios jurídicos sobre la fórmula para recortar esas retribuciones.

En paralelo se trabaja también en la reducción del sueldo de los funcionarios, que se pretende que sea también del 5% de media como en el caso de los empleados de la Administración General del Estado.

El cuerpo de funcionarios de las Cortes Generales es específico y se rige por un Estatuto autónomo, y el recorte se está negociando en la Junta de Personal y en la Mesa Negociadora, en la que está representada la Secretaría General, de la que dependen los recursos humanos de la Cámara.