“El objetivo es preservar este sistema de subvenciones”, informó Montserrat en su comparecencia posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se celebró hoy en su Ministerio para sellar el nuevo acuerdo para la gestión de las subvenciones con los gobiernos regionales.

Mientras que la ministra dijo que debe haber continuidad en el modelo pactado hoy, algunas comunidades autónomas como las gobernadas por los socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura) aseguraron que el modelo pactado debe revisarse para el próximo año y que, por tanto, tiene carácter provisional.

Montserrat descartó esta posibilidad y señaló que, en todo caso, un grupo de trabajo constituido para tal fin propondrá revisiones del tramo autonómico, pero indicó que las competencias para la gestión de estas ayudas vienen dictadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón parcialmente a Cataluña, que reclamó más competencias en este sentido.

Por ello, manifestó que “no es un capricho” del Gobierno lo que hoy se ha acordado, sino que responde a lo expuesto por los tribunales de justicia. Por tanto, el acuerdo sellado este lunes estará vigente “a partir de este año y los siguientes”, y su tramitación en el Consejo de Ministros llegará, previsiblemente, este mismo viernes.

EL TERCER SECTOR, CONTRA EL ACUERDO

El acuerdo no goza de la simpatía de la Plataforma del Tercer Sector, cuya Asamblea acordó por unanimidad manifestar su “disconformidad” con el nuevo modelo del 0,7% en el tramo autonómico -que alcanza el 80%- al considerarlo excesivo.

Estas organizaciones dicen no estar conformes con el nuevo modelo de reparto porque “eso supone dejar sin recursos a organizaciones de ámbito estatal, que se van a quedar casi sin ingresos” por la vía del IRPF, ya que la mayor parte del dinero que reciben del Gobierno de España ahora quedará en manos de las comunidades autónomas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) tildó hoy de “devastador” el nuevo sistema. A su juicio, el acuerdo debilitará al tejido social de ámbito estatal y augura la pérdida de muchos de los programas “coordinados y coherentes con equidad interterritorial”, por lo que anunció su “rechazo total”.