Así lo señalaron en rueda de prensa los responsables de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato; la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, en representación de las organizaciones de la cadena agroalimentaria, hostelería y restauración.

El presidente de FIAB expuso la “preocupación y malestar” del sector por el nuevo impuesto en Cataluña, que “nos parece un impuesto inconstitucional porque vulnera la libre circulación de mercancías, el principio de igualdad y no discriminación”, tiene “mero afán recaudatorio” y “no creemos que la fiscalidad sea la vía adecuada para cambiar los hábitos” de alimentación.

En esta misma línea se pronunció el responsable de Asaja, quien agregó que “hay algo todavía más escandaloso” y es que “quién dice que mañana no se puede gravar la leche, los yogures o la carne”, y criticó que “quien haya parido este impuesto no tiene conocimiento de lo que es el sector agroalimentario”.

Por ello, explicaron que han solicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad, para lo que dispone de un plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, plazo que “está próximo a expirar”, precisó Del Pino en nombre de los distribuidores. Asimismo, aseguraron que el Ejecutivo lo está estudiando.

En cualquier caso, las organizaciones de la cadena agroalimentaria coincidieron en denunciar el nuevo impuesto como un "problema del Estado" que está generando “distorsiones” y una “ruptura” en la unidad de mercado. Las empresas de distribución están teniendo “problemas” derivados de la extraterritorialidad del impuesto afectando a actividades que se desarrollan fuera de Cataluña, asumiendo mayores costes, por lo que auguraron un incremento del coste de administración, que se trasladará al consumidor.

El impacto no está estimado, pero sí señalaron que a la salida de fábrica las bebidas azucaradas suponen 5.000 millones de euros que luego repercuten en otros sectores como la distribución y el consumo.

Mientras, indicaron que la Generalitat de Cataluña estima una recaudación de 40 millones de euros.