Esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada también por unanimidad en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, viene motivada por la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que establecía que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

Tras la modificación que propone la iniciativa aprobada, el artículo 56 del Código Civil establece que ese dictamen médico solo será necesario “en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que ahora hace mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento del o los contrayentes”.

Por otra parte, el artículo 58 recoge que “el letrado de la Administración de Justicia, notario o encargado del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento”, así como que “se podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio”.

La senadora del PP Sofía Acedo aseguró que “corregimos una discriminación histórica con las personas con discapacidad” y “respondemos a la demanda social de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan”.

ORDEN DE LOS APELLIDOS

Asimismo, la senadora del PP Severa González defendió una enmienda, que finalmente fue aprobada, que hace referencia a los artículos 49.2 y 53 del Registro Civil, que son el que “hace referencia a la posibilidad de que los padres puedan alterar el orden de los apellidos de su recién nacido” y el que “regula el cambio de apellidos por declaración de voluntad”, de manera que entren en vigor el próximo 30 de junio y “no tengan que esperar al año 2018”.

A este respecto, el senador de Esquerra Republicana de Catalunya Jordi Martí manifestó que este cambio ya se habría realizado en el supuesto de que Cataluña fuese un Estado independiente, mientras que la senadora de Unidos Podemos Miren Edurne Gorrochategui argumentó que esta propuesta supone “una gota en el mar de iniciativas políticas que tenemos que llevar a cabo para eliminar el sexismo”.

ENMIENDAS RECHAZADAS

Por el contrario, no se aceptaron las enmiendas que perseguían eliminar la figura del testigo que se exige a las personas ciegas a la hora de realizar el testamento.

González, a pesar de que se mostró de acuerdo con los objetivos de las enmiendas, señaló que este no era el objetivo inicial de la proposición y defendió que ese cambio necesitará de un debate “más amplio” que cuente con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Por último, la senadora del PP agradeció al resto de grupos parlamentarios “la voluntad de acuerdo y consenso demostrada” para poder aprobar esta proposición por unanimidad y poner fin a esta discriminación hacia las personas con discapacidad.