En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales aseguró que ese pretendido referéndum “no se va a celebrar” y consideró que Puigdemont con este anuncio pretende contribuir a crear un “clima preelectoral”.

“Lo que estamos viviendo tiene mucho de campaña”, sentenció, y se anticipó al resultado de esos posibles comicios autonómicos diciendo que espera que tras ello se pueda “abrir una senda de diálogo racional”. “Este Gobierno ha demostrado que puede entenderse con partidos de muy diferentes signos, incluso de corte nacionalista”, sostuvo.

A su juicio, la estrategia de la Generalitat de Cataluña es “tensionar” para “aglutinar a los propios”, ya que el apoyo social a la independencia está “bajando notablemente” en Cataluña y en todos los países de nuestro entorno. “Asistiremos a una estrategia de movilización más mediática que de contenido”, añadió.

Todo ello le llevo a decir que “ya está bien de este rollo” y a advertir de que el Estado, “sin una palabra más alta que otra”, no va a permitir que ese referéndum se celebre porque es contrario a la democracia y lo promueven quienes tienen un “discurso único” y “silencian” a los que se muestran contrarios a la independencia.

Sáenz de Santamaría también ironizó con el hecho de que Puigdemont no quiera someter su propuesta a una votación en el Congreso de los Diputados: “¡Con lo que le gusta que vote todo el mundo, nos quiere prohibir que votemos!”. “En el Congreso cada cosa que se debate, se vota”, aseveró, alegando que la Cámara Baja “no es un salón de actos para una conferencia”.

Sobre las medidas que emprenderá el Gobierno si Puigdemont persiste en su propósito, aseguró que “ya hay medidas adoptadas que están impidiendo la celebración del referéndum”, refiriéndose, por ejemplo, a la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero en la que se avisa de que “cualquier acto preparatorio es ya inconstitucional”.

Por todo ello, indicó que “cuando lo convoquen, no va a ser empezar a impedir su convocatoria, sino que ya el Estado, que es mucho más que el Gobierno, trabaja para restablecer y mantener la legalidad”. También advirtió a la Generalitat de que no puede “forzar a incumplir la ley” a los funcionarios.

“Aquí hay mucho postureo”, reflexionó la vicepresidenta del Gobierno, para a continuación transmitir “tranquilidad” a los funcionarios catalanes frente a estos “actos de naturaleza mediática y muchas presiones” y señalar que el dinero que se pudieran gastar “no va a salir de los impuestos de los catalanes”.