Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el objetivo de estas medidas "en los momentos más duros hemos protegido a los más desfavorecidos y vamos a seguir haciéndolo".

"Es un periodo en que nos hemos esforzado porque los empleados públicos recuperasen el poder adquisitivo y hemos puesto en marcha el cuarto pilar del Estado (dependencia)", aseveró De la Vega.

La vicepresidenta añadió que "es mucho lo que está en juego" y por ello el Gobierno ha pedido un esfuerzo "equitativo".

"El objetivo de las medidas es acelerar el proceso de consolidación fiscal y bajar en dos años más de cinco puntos de déficit", recordó.

En el caso del recorte del sueldo de los funcionarios, los directores generales verán mermados sus ingresos un 8%, un 9% en el caso de los secretarios generales y del 10% para los secretarios de Estado.

Además, los miembros del Consejo de Estado y órganos superiores de la Administración de Justicia cobrárán entre un 7% y 8% menos.

El personal laboral verá reducido un 5% de media sus ingresos, pero estarán exentos los que reciban menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

De la Vega precisó que estas reducciones no afectarán en ningún caso a la futura pensión que perciban los empleados públicos.

En total, el rango de bajada de los salarios oscila entre el 0,56% y 7%, dependiendo del grupo del trabajador.