Según informa la OCU, dicho mecanismo debería ser similar al auspiciado por la Administración ante los “abusos” de las “cláusulas suelo” o el del caso Bankia.

De esta manera, apunta la OCU, “se evitaría la judicialización de este nuevo escándalo, ahorrando tiempo y dinero a los pequeños accionistas”.

Para la OCU, los accionistas han sido ajenos a las dificultades que haya experimentado el Consejo de la entidad y del proceso de resolución bancaria.

“Si invirtieron en acciones del Banco Popular fue confiando en una información auditada, pública y supervisada que se ha revelado bastante alejada de la realidad”, añade esta organización de consumidores.

De hecho, recuerda que hace un mes se cifraba en 10.777 millones el valor patrimonial de la entidad, según documentos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV).

Además, apunta que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado 19 de abril, en un encuentro con el sector financiero al que acudieron distintos medios de comunicación, afirmó que “Popular no tiene problemas de solvencia ni de liquidez” y que el “Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas”.