La proposición no de ley y la enmienda se debatieron y votaron en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

En el texto original, ERC solicitaba el establecimiento de una exención de carácter exclusivamente objetivo para los servicios sociales, o un tipo impositivo de IVA cero, sólo para las entidades del Tercer Sector.

En virtud del acuerdo alcanzado, los socialistas se comprometen a impulsar en el plazo de tres meses el estudio, evaluación y propuesta de una modificación de la ley que regula el IVA, "para ampliar los supuestos de exención objetiva para los servicios sociales, para las entidades del Tercer Sector".

También se adquiere el compromiso de realizar en ese mismo plazo un estudio de las posibles propuestas para la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se introduzca un "elemento relativo al coste final entendido como la carga asociada a la contratación, es decir, que permita aplicar un criterio de valoración adicional a la hora de escoger la oferta económica, en el supuesto que el adjudicador no pueda deducirse el IVA que soporta".

La adjudicación de contratos públicos deberá estar, en todo caso, ajustada a lo dispuesto en los principios de libre concurrencia y no discriminación.

Tras mostrar su “total acuerdo con el texto” presentado, la diputada del PP Ana Belén Vázquez propuso “abordar el eje de esta cuestión también en el seno de la Unión Europea”, aprovechando la presidencia de la UE que ostenta actualmente el Gobierno de España.