El Tribunal de Cuentas ha recibido un escrito respaldado por diversas entidades, que la Fiscalía no identifica, en el que solicitan la apertura de una investigación contable de todo el proceso por el presunto uso de dinero público en la celebración de la consulta soberanista.

En su informe, el fiscal solicita a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Los cuatros exmiembros del gobierno catalán citados en el requerimiento ya han sido juzgados por estos hechos. Todos ellos resultaron condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional, que prohibió la celebración de la consulta, y fueron absueltos del delito de prevaricación.