Según informó este sábado el Ministerio del Interior, esta red ofrecía viviendas supuestamente en alquiler en conocidos portales inmobiliarios de Internet y pedía a los interesados hacer una transferencia, generalmente superior a 1.000 euros, a un familiar o amigo con el pretexto de comprobar su solvencia económica.

Después, solicitaban a sus víctimas el envío de un justificante y, con los datos que en él aparecían, encargaban a los falsificadores un documento de identidad falso para hacerse pasar por esa persona y retirar el efectivo.

La red de falsificadores ofrecía documentos ilícitos con los que facilitar la entrada ilegal en España, simular una situación administrativa legal en el país o cometer fraudes, cobrando por ellos entre 300 y 500 euros, aunque algunos de sus encargos llegaban a alcanzar la cifra de 3.000 euros

En total, se estima que la cantidad estafada con los falsos alquileres podría superar los 75.000 euros y afectar a más de 55 víctimas nacionales e internacionales, algunas ubicadas en Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania y Francia.