Por ello, Martín Fragueiro defendió la inexistencia de un problema generalizado en el litoral español en relación con estos establecimientos expendedores de comidas y bebidas en las playas.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está tramitando y otorgando para estas instalaciones las oportunas concesiones y autorizaciones, dialogando con los empresarios afectados y las administraciones implicadas, de acuerdo con la legislación de costas.

También recalcó que el MARM estudia con rigor las circunstancias concretas de cada tramo de costa que pudieran justificar la posible aplicación de la excepcionalidad a las reglas generales establecidas.

Detalló que en Andalucía se encuentran en proceso de negociación buena parte de las instalaciones en régimen de concesión, habiéndose aprobado casi todos los planes de servicios de temporada de los ayuntamientos. Esta comunidad autónoma cuenta con un total de 642 chiringuitos.

Por su parte, la Comunidad Valenciana cuenta con un total de 394 instalaciones, de las que 8 presentan problemas reseñables y 26 de orden menor.

Según la ley de costas, los chiringuitos fijos, salvo casos excepcionales debidamente justificados, deben tener una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como máximo, pueden ser cerrados y situarse con una separación mínima de 200 metros de otros establecimientos similares, tanto si éstos se encuentran en dominio público marítimo-terrestre como en zona de servidumbre de protección.

Por su parte, los chiringuitos desmontables pueden tener una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y deben colocarse con una separación mínima de 100 metros de cualquier otro establecimiento fijo o desmontable.