"Aunque ellos dicen que no se trata de actuar contra los medios, sino de proteger los sumarios secretos para no perjudicar las investigaciones judiciales, es muy preocupante que desde el Gobierno y desde la cúpula del Ministerio Fiscal se planteen la posibilidad de estudiar medidas que limitarían claramente la libertad de expresión e información", señala la Junta Directiva de la FeSP en un comunicado.

Para la federación, los periodistas y los medios de comunicación tienen la obligación de difundir esas informaciones, si cumplen con los criterios de veracidad exigibles y son de relevancia e interés general.

En su opinión, cualquier medida que pudiera adoptarse para evitar o controlar la difusión de esas noticias vulneraría derechos fundamentales de la ciudadanía y de los profesionales de la información.

La FeSP advierte de que si las Cortes Generales aprueban alguna norma legal que limite el derecho a la información se estarán incumpliendo tratados internacionales que ha suscrito España.

La FeSP sostiene que los periodistas y los medios de comunicación no son los responsables de las filtraciones que puedan producirse desde cualquier departamento de la Administración Pública, como han sentenciado reiteradamente los tribunales.

"En los países de la Unión Europea no solo no está prohibida la publicación de noticias de interés general que llegan a los medios de comunicación de manera anónima, tanto referidas a la Administración Pública como a empresas estratégicas o a otras instancias, sino que esa práctica se considera una herramienta eficaz contra la corrupción. Por ese motivo, numerosas asociaciones, sindicatos de periodistas y colectivos y organismos coinciden en la necesidad de proteger legalmente a quien filtra informaciones de interés para denunciar prácticas ilegales o hechos delictivos", agrega el comunicado de la FeSP.