Delgado manifestó en la subcomisión del Congreso de los Diputados que busca establecer las bases para alcanzar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación que este hecho “va en contra del principio constitucional de mérito y capacidad”, pues estos profesores, que son elegidos por las autoridades religiosas, se saltan, según señaló, la lista de interinos.

En su opinión, ello se debe a que el número de estudiantes que escogen la asignatura de Religión en la enseñanza pública cada vez es menor (un 45%, según los últimos datos).

Delgado lamentó también que algunos de estos profesores utilizan su presencia en los centros públicos para hacer proselitismo, al organizar charlas, viajes de contenido espeiritual y encuentros con familias y docentes.

Por otro lado, criticó el sistema de conciertos vigente en España, y acusó a la práctica totalidad de comunidades autónomas de favorecer la creación de centros privados concertados en detrimento de la red pública, “ya sea mediante la cesión de suelo público, ya a través de la creación de distritos únicos en las ciudades o bien ocultando en la inspección que algunos centros superan las ratios máximas de alumnos por aula”.

En municipios de más de 200.000 habitantes, el 50% del alumnado asiste acolegios concertados , muchos de ellos en contra de su voluntad, subrayó Delgado. Esto es así, según indicó, porque faltan plazas en la red pública o porque no todos los centros facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar que muchos padres precisan, y criticó que esta situación “perjudica sobre todo al mundo rural y a las clases más desfavorecidas”. Para Delgado, “hay además un auténtico negocio montado con la FP y la Educación Infantil, y todos miran hacia otro lado”.

Finalmente, criticó que la actual inclusión de la religión católica o de otras creencias en el currículum atenta contra la libertad de conciencia de los menores; discrimina a este alumnado, que no puede accedera los contenidos sobre valores éticos y sociales que se ofrecen como alternativa, y vulnera el principio constitucional de libertad de creencia.