Así lo afirmó la ONG tras una consulta que realizó a especialistas en Derecho Penal y Penitenciario, así como a profesionales ligados a los servicios de tratamiento. En su mayoría consideran que ambas normativas ignoran las necesidades y perjudican a las personas con problemas de adicciones.

En un comunicado, la UNAD subrayó que “los cambios derivados de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana generan un creciente rechazo en las organizaciones que atienden las adicciones”.

El descontento se pone de manifiesto en la última encuesta realizada por esta ONG entre sus entidades, “que consideran que el endurecimiento de las medidas judiciales está criminalizando a las personas consumidoras de drogas, agudizan la exclusión, dificultan los procesos terapéuticos, impiden la incorporación en la sociedad y empeoran la precaria situación económica de muchas de estas personas. De hecho, nunca un problema social y de salud debería abordarse desde el Código Penal”.

Más de 60 entidades sociales y un grupo de 10 expertos jurídicos analizaron ambas normativas y su impacto entre la población atendida, en una encuesta realizada en 2016. El resultado puso de manifiesto que “la reforma penal supone un retroceso desde el punto de vista de la resocialización”.

Además, esta organización señaló que el informe muestra la preocupación del sector por el aumento de la duración de las penas privativas de libertad que afectan a la pequeña delincuencia, así como la desaparición de las faltas y su transformación en delitos leves.

Algunos especialistas en Derecho advirtieron de que la nueva regulación de la suspensión y la sustitución de la ejecución de penas privativas de libertad “puede conllevar discriminaciones en la práctica para las personas con menos recursos o que están más deterioradas”.