Las diligencias se dirigen también contra José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Pablo Manuel González González, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

A todos se les ha dado traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía Provincial de Madrid en virtud del artículo 118.5 del Ley Enjuiciamiento Criminal, advirtiéndoseles que la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados. En el mismo auto de incoación de previas el juzgado hace ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de la capital contra las 16 personas que en 2013 formaban parte del Consejo de Administración de Mercamadrid , entre las que está la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, a quienes imputa un delito societario, y pide al juez que les tome declaración en calidad de investigados.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Para la Fiscalía, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio”.

Los hechos habrían ocurrido cuando Dancausa era concejala del Ayuntamiento de la capital con Ana Botella. La querella se relaciona con una operación de Mercamadrid que denunciaron hace un año la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento madrileño, Carlos Sánchez Mato.

Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".

En esa denuncia se explica que Mercamadrid asumió el pago del alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial, lo que a su juicio fue una solución “claramente lesiva” para el patrimonio de Mercamadrid por el “impago” en el que incurrió la adjudicataria.

HERMANO DE GONZÁLEZ

Además de Dancausa, otras 16 personas están siendo investigadas, entre ellas Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente en prisión provisional por el `caso Lezo´.

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A. Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, que se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa, reclamando el dinero adeudado.

DEMANDAS CRUZADAS

Merca Ocio, por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros, al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar.

Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid, que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial al litigio. El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid , José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta segunda de Mercamadrid, María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que pusieron fin a la vía judicial.

MERCA OCIO

Para la Fiscalía, el “enriquecimiento ilícito” de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros “para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno”.

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba “equitativo” para ambas partes, ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda “perfectamente contrastada” y a su compensación con rentas futuras. Incluso subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era “viable”.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el “momento actual” no consta “si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Mercaocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos”.