En dicho texto, el Ejecutivo reconoce a las asociaciones militares como interlocutores aunque establece que "los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de reunión, pero no organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Asimismo, no podrán participar, vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, en manifestaciones o en reuniones de tránsito público".

Desde AME entienden que pueden ser "inconstitucionales" algunos de los aspectos recogidos en la futura norma, como el Consejo de Personal y el Observatorio, entre otras disposiciones.

La propia ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó que el anteproyecto de ley se remitía al Consejo de Estado para despejar cualquier duda de inconstitucionalidad ya que la norma afecta a derechos fundamentales.

Por ello, desde AME confían en que el Consejo de Estado declare como "inconstitucionales algunos aspectos de esta 'ley-trampa'"que, a su juicio, no es mas que "mal" copia de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil.