Según las últimas estadísticas, en el archipiélago balear residen entre 6.000 y 7.000 personas que padecen algún tipo de deficiencia.

El acuerdo establece dos tipos de actuación, uno encaminado a la preparación de personas con deficiencias físicas en talleres y centros de formación vinculados a la PYMEM y otr consistente en una campaña de sensibilización dentro del ámbito empresarial insular, para favorecer la incorporación de discapacitados a las plantillas.

El portavoz de PYMEM lamentó la indiferencia con que, a su juicio, actúan las administraciones públicas a la hora de hacer cumplir la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aprobada el 13 de abril de 1982, que obliga a las empresas a reservar el 2 por ciento de los puestos de trabajo a personas con alguna minusvalía.

Esta circunsancia es la que ha obligado a las dos entidades a firmar este acuerdo, que se enmarca dentro de la política de reinserción social que durante algunos años ha promovido la PYMEM.

Una comisión de seguimiento, integrada por miembros de las dos organizaciones, será la encargada de vigilar el cumplimiento del convenio, cuya vigencia será de dos años.