Así se desprende de una encuesta realizada por la Fundación BBV entre 682 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título "El sector público y sus futuros estores".

Además, un 42 por cien de los entrevistados se muestra de acuerdo en que "la intervención del Estado en la economía de un país compensa la ausencia de iniciativa privada".

Posturas más intervencionistas como que "el Estado debe intervenir en la economía de un país para dirigir el conjunto de la actividad económica" son respaldadas sólo por el 29 por ciento de los encuestados.

Sin embargo, aún es menor el apoyo concitado por afirmaciones más liberales, como que "la intervención del stado en la economía de un país produce un menor grado de desarrollo al desincentivar la productividad y el crecimiento en general", que sólo avalan un 18 por cien de los estudiantes.

La función prioritaria a desempeñar por el sector público es, en su opinión, la "asignación eficiente de los recursos económicos a través de la provisión de bienes y servicios públicos".

Le siguen, por orden de importancia, el ajuste de las grandes macromagnitudes, el crecimiento económico, la redistribución persona de la renta y el desarrollo territorial homogéneo entre las regiones.

Un 44 por cien de los alumnos consultados estima que el gasto público es "escaso en relacion con las necesidades de nuestra economía".

Sin embargo, un 76 por ciento está en contra de aumentar el nivel de gasto incurriendo en mayores niveles de déficit público y un 83 por cien cree que el grado del gasto público es inferior en España al de la media comunitaria.

Además, una amplia mayoría opina que el gasto público podría sr más justo socialmente, ya que un 67 por ciento no comparte el criterio de que tienen un efecto redistributivo importante, criterio defendido sólo por un 13 por cien.

También es muy crítica la opinión sobre las empresas públicas. Un 83 por cien cree que su gestión es inadecuada, en tanto que un 5 por cien sostiene lo contrario. Para un 68 por ciento de los encuestados, la solución radica en la privatización.

A su juicio, las prioridades del gasto público deberían ser, por este orden, las infraesructuras, las pensiones, la defensa y la sanidad. Los últimos lugares los ocupan los recursos destinados a investigación y desarrollo, seguridad ciudadana, cultura y promoción del empleo.

En cuanto al sistema tributario, un 63 por ciento sostiene que "el fraude fiscal de cierta magnitud debería ser castigado incluso con penas de cárcel", frente a un 17 por cien que lo desaprueba.

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION

En cuanto al funcionamiento de las administraciones del Estado, el 63 por cientode los encuestados lo califica de negativo, mientras que sólo un 3 por cien lo considera positivo.

También es crítica la valoración del funcionamiento de las autonomías, con un 41 por ciento de opiniones que lo consideran muy negativo o negativo, frente a un 21 por cien que lo ven como muy positivo o positivo, y un 38 por cien de neutrales.

Mejor valorados resultan los ayuntamientos, con un 30 por cien de opiniones negativas, 32 por cien positivas y 38 por cien de neutrales.

La ideología poltica de los alumnos encuestados era de derechas, en un 41 por ciento de los casos, de izquierdas en un 31 por cien y de centro en un 24, según sus propios encasillamientos.