UGT sostuvo que la suspensión de Garzón constituye "una actuación que despierta demasiadas sospechas", porque el Tribunal Supremo "tiene pendiente de resolver desde hace más de un año recursos y cuestiones de competencia en relación a la causa contra los crímenes del franquismo".

Asimismo, este sindicato se preguntó "cómo es posible que se procese a un juez por prevaricación, cuando sus decisiones han sido avaladas por otros magistrados, pertenecientes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hicieron constar su voto particular en el auto que pone fin a la causa contra el franquismo".