Este órgano se denominará Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tendrá naturaleza administrativa. Se encargará de resolver los recursos interpuestos contra actos de entidades vinculadas a la Administración General del Estado.

Las comunidades autónomas podrán regular un órgano propio para resolver los recursos que se planteen en sus propios procesos de contratación. Con todo, el proyecto de ley también permite la posibilidad de que encomienden voluntariamente la resolución de los mismos al Tribunal Administrativo Central.

En el caso de las corporaciones locales, las reclamaciones derivadas de sus procesos de contratación se resolverán, o bien en los órganos autonómicos constituidos a tal efecto, o bien en el Tribunal Administrativo Central si la comunidad autónoma así lo decidiera.

El Tribunal se encargará tanto de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las entidades adjudicadoras de contratos como de adoptar las medidas provisionales que sean necesarias respecto del procedimiento de adjudicación durante el periodo de resolución de los mismos.

El proyecto de ley prevé la suspensión de la adjudicación del contrato cuando medie una reclamación por alguna de las partes perjudicadas.