La ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo que esta norma "no verá la luz" si no consigue aglutinar el "consenso" de todas las fuerzas políticas.

El anteproyecto de ley se envía al Consejo de Estado antes que al Congreso porque, como afirmó Chacón, se quiere dar este paso para que "no haya dudas sobre aspectos legales" ya que la futura ley afecta a derechos fundamentales.

Se trata del primer texto legal en la historia de la democracia española por el que se "reconoce" las asociaciones militares como "interlocutores", los derechos a la intimidad y dignidad personal y de reunión de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Aunque "los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de reunión, pero no organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Asimismo, no podrán participar, vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, en manifestaciones o en reuniones de tránsito público".

En lo que a las asociaciones se refiere, el anteproyecto dice que "tendrán por finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados, y deberán respetar en sus actuaciones el principio de neutralidad política y sindical" pero "no podrán llevar a cabo ni amparar acciones de naturaleza sindical como la negociación colectiva, las medidas de conflicto colectivo o el ejercicio del derecho de huelga".

La norma, que tras el estudio del Consejo de Estado regresará al Gobierno, tiene por objetivos regular el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, actualizando los preceptos aun vigentes de las Reales Ordenanzas de 1978 y de la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, de 18 de mayo de 1999.

Así como crear el Observatorio de la Vida Militar, un nuevo órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, para el análisis permanente de la condición militar, cuyos miembros serán nombrados por el Congreso de los Diputados por un período de cinco años entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la Defensa o en el de recursos humanos.