El Gobierno consideró adecuado pedir a la Cámara autonómica la continuación por el procedimiento de urgencia de los trámites que actualmente se están llevando a término para convertir la mencionada iniciativa en ley.

La finalidad de la ley es disfrutar de un instrumento normativo que garantice la máxima transparencia, eficacia y economía en el desarrollo de las tareas de los entes que integran el sector público de la comunidad.

La ley insiste especialmente, según el Ejecutivo regional, en el régimen de control y tutela de estos entes con la pretensión esencial de conseguir una actuación transparente en la gestión de los intereses públicos con criterios de buen gobierno, de profesionalidad y de integridad de los sectores públicos.