Así consta en el 'Informe de Estabilidad Financiera' difundido este miércoles por el Banco de España, que subraya que estas sentencias "han motivado por parte de las entidades la decisión de dejar de aplicarlas o la constitución de provisiones para cubrir las contingencias que en cada caso podrían producirse".

En concreto, la sentencia del TJUE sobre la anulación de la limitación de la retroactividad ha obligado a las entidades a realizar unas provisiones adicionales de unos 1.900 millones de euros en la cuenta de resultados de 2016.

Este importe, según explica el organismo que gobierna Luis Linde, está calculado por las entidades basándose en su experiencia de reclamaciones de los clientes y en el grado de transparencia de sus cláusulas suelo.

Además, está revisado por sus auditores externos, y es una manifestación del impacto que tiene el riesgo legal en la rentabilidad de los bancos y, por tanto, en la necesidad de su adecuado control, gestión y cobertura.

El Banco de España puntualiza que en contra de lo establecido con anterioridad por diversas resoluciones judiciales, la sentencia declara lícitas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios cuando en la información facilitada exista "transparencia y claridad suficiente para que los consumidores puedan identificar el objeto principal del contrato y el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos de interés".

El Banco de España entiende que "un riesgo adicional" sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de las entidades lo constituyen "las diferentes sentencias judiciales que se han traducido en un aumento de los costes legales incurridos por los bancos".

Ello ha obligado a realizar provisiones adicionales, "con el consiguiente detrimento de sus resultados, lo que pone de manifiesto la importancia del riesgo legal para las entidades de depósito españolas".