Esta medida se incluía en los últimos documentos que el Ejecutivo aportó al diálogo social y que, tras el fracaso de la negociación, decidió aprobar sin la firma de empresarios y sindicatos.

Según consta en el último documento elaborado por el Gobierno en el marco del diálogo con los agentes sociales, esta ayuda tendrá un importe del 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), lo que en 2009 supondrían 421,79 euros mensuales.

En principio, la duración de la prestación sería de seis meses, aunque el Gobierno abrió la posibilidad de que el plan estuviera activo durante medio año adicional. No obstante, el Ministerio de Trabajo ya aclaró que la prórroga de seis meses sería en la duración del plan y no en el periodo de percepción de la ayuda de cada beneficiario.

Podrán optar a esta ayuda los desempleados que agoten un periodo previo de prestaciones por paro o de subsidio asistencial, y que se encuentren en situación económica de necesidad.

Para justificar esta situación de necesidad, deberan demostrar que sus ingresos no superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2009 se situó en los 624 euros mensuales. De esta forma, los beneficiarios no podrán tener ingresos mayores de 468 euros al mes.

Además, los que opten a esta nueva prestación deberán realizar una "participación efectiva" en un itinerario activo de inserción laboral que incorpore formación para el empleo.

Este programa estará gestionado por las comunidades autónomas e irá dirigido a aumentar las oportunidades de acceso a un trabajo de los parados. El Ejecutivo, en teoría, abrirá la puerta a que, para su financiación, se pueda hacer uso de los recursos adelantados para 2009 y 2010 del Fondo Social Europeo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio por rotas las negociaciones para alcanzar un acuerdo en el diálogo social el pasado 24 de julio. Fue entonces cuando anunció que el Ejecutivo legislaría y aprobaría el próximo jueves esta ayuda.

En esta rueda de prensa, posterior a la penúltima reunión del Consejo de Ministros antes del verano, Zapatero criticó la actitud de la patronal CEOE en la negociación y afirmó sentirse "decepcionado" por la propuesta de las organizaciones empresariales, ya que ponía en peligro la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Tras la ruptura de las negociaciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, también criticó a los empresarios y condicionó la vuelta al diálogo social en septiembre a un cambio de actitud y propuestas de la CEOE.

Por su parte, los sindicatos, tras recibir una carta del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pidiendo la vuelta a la negociación tras el verano; reclamaron al máximo responsable de la patronal "menos gestos y más mesura" en sus reclamaciones.