Según el artículo 412 de la Lecrim en su apartado 3 los altos cargos de Estado están obligados a declarar y “si fuera conveniente recibir declaración” de alguna de ellas “sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”.

En este caso, el tribunal señala, como ya hizo en el caso de Esperanza Aguirre, que la citación como testigo de Rajoy no tiene que ver con el desempeño de sus responsabilidades como presidente del Ejecutivo, como ministro o como dirigente del PP, por lo que no está claro si tendría que prestar declaración presencial en el juicio que se desarrolla en San Fernando de Henares.

Su testimonio se recaba por si tuvo conocimiento de alguna de las actividades ilícitas que se juzgan en esta vista oral. El artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal descarta claramente que Rajoy pueda declarar por escrito, ya que no se le cita en razón de su cargo.

“No obstante”, dice la norma, cuando los citados como testigos sean altos cargos, su declaración “se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo”, lo que deja abierta la puerta a que el presidente solicite prestar declaración por videoconferencia.