A su juicio, la incorporación al ordenamiento jurídico español del citado tratado internacional mejoraría la protección legal de aquellas personas que precisan algún tipo de apoyo judicial para la toma de decisiones.

Beneficiaría tanto a los españoles en terceros países firmantes del convenio como a los extranjeros que operan en España cuya autonomía jurídica se encuentre limitada, al posibilitar el respaldo legal de diversos actos de su esfera personal o patrimonial.

En su nota, el Cermi destaca la opinión coincidente de reputados expertos españoles en la apreciación de los efectos positivos que la firma y ratificación de ese Convenio traería para el colectivo.

Asimismo, esta organización descarta que la ratificación de este tratado pueda entrar en contradicción con la trasposición que en su momento se haga de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo referente a la capacidad jurídica.

“Ni hay objeción fundada a su firma y ratificación, ni existe mayor dificultad para llevarla a cabo”, concluyó.