Según explicó el PSOE, esta ley, aprobada en 2007, ha tenido un despliegue gradual, de forma que de 2010 se aprobó el real decreto que modificó el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y reguló el Centro de Normalización Lingüística de la Española, encargado de trabajar por la normalización de la lengua de signos española como centro de referencia que vele por su buen uso y contribuya a garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la misma.

En 2011 se aprobó la ley de adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supuso un avance hacia la consecución de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que benefició a las personas con discapacidad y, entre ellas, a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Ahora, para lograr que la ley despliegue todos sus efectos, “es necesario que se culmine su desarrollo con la aprobación de un reglamento que regule la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas”, destacó Joan Ruiz.