Daniel De Alfonso fue citado ante esa comisión en calidad de exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña por las conversaciones con el entonces ministro Jorge Fernández Díaz en el despacho del Ministerio del Interior que fueron grabadas y filtradas a la prensa.

Debido a su condición de magistrado en ejercicio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, envió una carta al Congreso de los Diputados en la que subrayaba que Daniel de Alfonso no podría responder a cuestiones que afecten a su jurisdicción, y recordaba que puede responder preguntas por escrito o en su despacho.

Algunos grupos consideran que De Alfonso, con la ayuda de Lesmes, intentó zafarse de su comparecencia ante esa comisión, a pesar de que compareció sobre ese mismo asunto en el Parlamento de Cataluña y otros jueces han comparecido ante comisiones de investigación.

Ante esa situación, el PSOE presentó una enmienda a una propuesta de resolución del PNV sobre la última memoria del CGPJ sometida este jueves a debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Esa resolución reafirma la vigencia del artículo 76.2 de la Constitución y su concreción en la ley orgánica que establece la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas cámaras, "sin que esa obligación pueda ser excepcionada por la condición de quien sea requerido para comparecer ante las mismas, sea miembro del Gobierno, del Parlamento o del Poder Judicial".

El texto recuerda la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico e insta al CGPJ a llevar a cabo, en su caso, "todas las actuaciones que sean necesarias para colaborar a que dicha obligación se cumpla sin distinciones".