Fernández afirmó que no descarta la adopción de medidas de presión como la huelga general, que serán analizadas y adoptadas por la ejecutiva del sindicato que mantendrá una reunión de urgencia esta tarde.

En cualquier caso los responsables del sindicato se pondrán en contacto con el resto de representantes sindicales que firmaron el acuerdo con el Gobierno, y por el que se aprobaba una moderación salarial con una subida de 3 décimas así como la adopción de medidas para la modernización de la función pública.

En este sentido Fernández no descartó la denuncia, después de consultar con los servicios jurídicos del sindicato, del incumplimiento del mencionado acuerdo por parte del ejecutivo.

El líder sindical afirmó también que entendería el recorte salarial de los funcionarios públicos si se hubieran adoptado otra serie de medidas que realmente estuvieran encaminadas a disminuir el gasto público allá donde se han producido los principales incrementos.

Así, se refirió entre otras a la necesidad de recortar el número de asesores presentes en las distintas administraciones públicas, el gran número de empresas públicas que en muchos casos duplican servicios prestados por las administraciones, y la duplicidad funcionarial producida por el desarrollo del modelo autonómico.

Por último, reiteró que la rebaja salarial de los funcionarios públicos conllevará un deterioro de la función pública y por lo tanto de las prestaciones y servicios sociales que gestionan las administraciones públicas.