Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar las cuentas públicas de este año, Montoro destacó que el proyecto de Ley de PGE “apuesta por un empleo público estable y por unos servicios públicos de calidad”, en referencia al acuerdo que cerró el pasado miércoles con los sindicatos de funcionarios para ofertar 250.000 plazas destinadas a convertir personal interino de la Administración en fijo y reducir la tasa de temporalidad al 8% a lo largo de 2017, 2018 y 2019.

Estas 250.000 plazas suponen reducir la temporalidad hasta un 90% y se reparten principalmente en los sectores considerados prioritarios: Sanidad (237.070), Educación (98.807) y Justicia (8.564).

En concreto, la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año estará alrededor de las 67.000 plazas, contemplando la sustitución de quienes se jubilen y los puestos de nueva creación.

Por subsectores, estas 67.000 plazas se repartirían entre la Administración General del Estado (19.000), las comunidades autónomas (28.144) y entidades locales (alrededor de 20.000).