El diputado de Ciudadanos Francisco Igea aseguró que más de 50.000 pacientes mueren cada año sin cuidados paliativos de calidad porque “sigue existiendo el ensañamiento terapéutico”, motivo por el cual su partido presentó esta iniciativa sobre "derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida".

Igea afirmó, además, que “en España hay 28.000 pacientes que siguen recibiendo quimioterapia el último mes de su vida y sabemos que no aumentamos la supervivencia si retrasamos los cuidados paliativos. Por ello, esta proposición de ley es necesaria porque defiende la igualdad de todos los españoles, también para morir”.

La iniciativa destaca que se debe diferenciar entre “lo que es un razonable esfuerzo terapéutico conducente a alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas del encarnizamiento terapéutico que sólo conduce a la prolongación de un sufrimiento innecesario. En estos procesos, la prolongación de la vida no debe considerarse un bien superior al derecho de los pacientes a disponer de sus últimos días de acuerdo a sus creencias y convicciones personales”.

En cuanto a los profesionales sanitarios, esta proposición de ley afirma que es necesario dotarles del apoyo, la información y las herramientas necesarias para “asumir su papel con seguridad y reducir la conflictividad en una situación dolorosa y compleja como es la del final de la vida”.

Durante el debate parlamentario, algunos grupos coincidieron en señalar que esta proposición de ley es una copia de otras leyes autonómicas. De hecho, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea aseguró que esta iniciativa “legisla lo que ya está legislado y no entra en lo que no está legislado. Si echamos un vistazo a la regulación actualmente vigente, podemos ver que la Ley 14/1986 General de Sanidad y la Ley 41/2002 de Regulación de Autonomía del Paciente ya tienen contemplado casi todo lo que Ciudadanos plantea con esta ley”.

Por su parte, diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Eva García calificó la iniciativa de “Frankenstein, ya que es una copia de otras leyes. De hecho, el artículo 1 es copia literal del artículo 1 de la ley andaluza de 2011, el artículo 2 es copia literal del artículo 3 de la ley canaria de 2015. Esto es un collage de las leyes autonómicas y es una chapuza legislativa”.

El diputado socialista Jesús María Fernández también calificó de plagio la proposición de ley, aunque indicó que su grupo quiere alcanzar un consenso para “introducir en esta ley la creación de un Observatorio Español de la Muerte Digna que permita evaluar la aplicación de esta normativa”.

Pese a las críticas, la mayoría de los grupos parlamentarios señalaron que apoyan esta proposición de ley, al igual que el Partido Popular que ya adelantó su apoyo a la tramitación del texto por su compromiso adquirido con Ciudadanos en el acuerdo de investidura. La diputada popular Pilar Cortés manifestó que la prioridad de su partido "es garantizar la atención integral y de calidad en el proceso final de la vida con el objetivo de que las personas con enfermedades avanzadas y terminales mueran dignamente sin dolor y sin sufrimiento”.