En un comunicado, el sindicato mostró su rechazo a que este acuerdo se ratifique porque supone una “pérdida de soberanía” para España y para el conjunto de la UE, y "la pérdida, a medio plazo, de decenas de miles de puestos de trabajo”.

UGT reiteró que el CETA no asegura los servicios públicos, es “problemático y confuso” en cuanto a la protección de las inversiones y la resolución de disputas inversor-Estado, no establece un mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones de la legislación laboral y medioambiental y deja desprotegidas las denominaciones de origen de productos españoles.

La organización sindical reclamó a las fuerzas parlamentarias que “voten en conciencia de los ciudadanos a los que representan” para no ratificar el acuerdo y avisó de que las movilizaciones en contra del CETA van a continuar.