Así se deduce de los datos aportados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluyen un balance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en octubre de 2015, que dividía las causas penales en simples y complejas.

Las simples pasaban a tener un plazo máximo de seis meses de instrucción desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas. Este tiempo se puede ampliar a 18 meses -prorrogables- cuando el instructor, a instancia de la Fiscalía, declare la instrucción compleja.

Según los datos del CGPJ, los jueces declararon 62.922 asuntos como de instrucción compleja en 2016, de los cuales 59.414 correspondían a los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, mientras que 3.078 fueron de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

FASE DE TRANSICIÓN

No obstante, el Consejo resaltó que gran parte de la declaración de causas complejas en 2016 se debió a una disposición transitoria que se aprobó junto a la ley de 2015, que venía a incrementar su número en la fase de transición. En el segundo semestre del pasado año el porcentaje de asuntos declarados de instrucción compleja fue inferior al 2%.

En concreto, en los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia los asuntos declarados complejos en el primer semestre de 2016 suponían el 3,4 % de todos los susceptibles de serlo. En la segunda parte del año, pasado el efecto de la disposición transitoria, el porcentaje se redujo al 1,6%.

Lo mismo sucedió en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde de los 3.078 asuntos declarados complejos en todo el pasado año, 1.914 lo fueron en los primeros seis meses y 1.164 en el segundo semestre. En este caso, el porcentaje -calculado sobre el total de asuntos susceptibles de ser declarados complejos- descendió del 2,8% al 1,7%.