La ministra para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos al clausurar en el Senado el VI Foro de la Autonomía organizado por el Instituto de Derecho Público de Barcelona, donde se congratuló por el “grado muy importante” de descentralización español y la capacidad de articular un Estado de las Autonomías que responde ante Europa y puede sostener el modelo de bienestar.

“Creemos que es aconsejable encontrar y reforzar mecanismos de cooperación y, en su caso, de coordinación. Creemos que esta es la asignatura pendiente de nuestro Estado de las Autonomías”, expuso la ‘número 2’ del Gobierno de Mariano Rajoy, para quien “el diálogo y la lealtad institucional” son los elementos “imprescindibles” para resolver problemas entre administraciones.

Dicho esto, señaló que “la ‘cara b’ de lo que debe ser la lealtad institucional a la hora de ejercer cada cual sus competencias” es la litigiosidad. “Creo que esa litigiosidad deriva de un problema previo, que es la inflación normativa que existe en nuestro Estado autonómico”, advirtió la vicepresidenta.

En este sentido, dijo que tenemos que “ser capaces de aplicar mecanismos preventivos de esa litigiosidad”, como puede ser la celebración de foros como la Conferencia de Presidentes y otros encuentros sectoriales que eviten que haya una “burbuja normativa” por parte de las comunidades autónomas que deriva en enfrentamientos con el Estado central.

“INFLACIÓN LEGISLATIVA” DE LAS CCAA

Con datos del Colegio de Economistas, expuso que desde 2012 se han aprobado en las Cortes Generales y en los 17 parlamentos autonómicos 1.427 normas con rango de ley. Las comunidades autónomas, explicó, han aprobado 1.256 leyes autonómicas y se han recurrido 79, con lo cual “lo que se llama litigiosidad del Estado frente a las leyes autonómicas es del 6,28%”.

Dijo que desde la X Legislatura el Estado ha aprobado 171 normas con rango de ley y las comunidades autónomas han presentado 130 recursos. “Por tanto, litigiosidad sí, pero inflación legislativa en mucha mayor medida”, apuntó, al tiempo que apostó por reforzar las comisiones bilaterales entre Estado y autonomías, que desde 2012 han revisado 269 leyes, logrando un acuerdo positivo en 172 de los casos.

Además, avisó de que el diálogo se hace “imprescindible” para “que un Estado complejo como el nuestro pueda avanzar”, aunque puntualizó que esa interlocución ha de ejercerse “con lealtad y sinceridad”. “Esta, quizás, no es una reforma normativa, pero es una reforma política que exige avanzar en un modelo como el nuestro”, arguyó.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en que el Estado de las Autonomías actual es “la opción preferida” por los ciudadanos desde el punto de vista territorial. Se apoyó en los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para destacar que más del 60% de los españoles respalda el Estado autonómico con más o menos competencias.