Esas nueve entidades son Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Ecologistas en Acción, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), la revista ‘Quercus’, SEO/BirdLife, la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE), y WWF España.

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos indicó en un comunicado que el Real Decreto 1432/2008 “está aún muy lejos de su objetivo” porque no soluciona eficazmente el problema de la mortalidad de miles de aves, incluso de especies amenazadas, que mueren cada año en España al electrocutarse en los postes o chocar contra los cables de líneas eléctricas.

La principal crítica de las organizaciones a ese real decreto es que reduce las medidas contra las electrocuciones y las colisiones a las llamadas “Zonas de Protección” que las comunidades autónomas deben establecer. “Ese reduccionismo greográfico convierte a esta normativa en insuficiente, ya que las aves se mueven por todo el territorio y se electrocutan en cualquier tendido aéreo de cable desnudo”, recalcaron.

Las entidades indicaron que sólo ocho regiones tienen hoy en día normativas que establecen medidas de protección de la avifauna en todos los tendidos eléctricos y en todo su territorio.

“No podemos permitir que en el resto de comunidad, sin normativa propia, pueda haber tendidos con diseños peligrosos para las aves fuera de las Zonas de Protección”, afirmó la bióloga Paz Azkona, portavoz de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.

Otra carencia de la norma, según las ONG, es que no incluye medidas obligatorias de protección en las líneas ya construidas frente al problema de la comisión de aves, puesto que sólo hace recomendaciones de ejecución voluntaria.

“Se da incluso el caso de que los diseños al tresbolillo promovidos por esa normativa para reducir la mortalidad de la avifauna por electrocución tienen la consecuencia indeseable de aumentar considerablemente el riesgo de colisión”, indicó Azkona.

“EFECTO PERVERSO”

Además de estas carencias técnicas, las entidades destacaron el “efecto perverso” de la norma en la responsabilidad de corregir los tendidos peligrosos para las aves, puesto que, según añadieron, la disposición adicional única establece que es la Administración quien debe asumir el coste de las correcciones, mientras que el papel que juegan las compañías eléctiras es “meramente de acompañamiento y ayuda”.

Esto ha provocado que algunas comunidades autónomas paralizasen las correcciones de tendidos que habían previsto o emprendido y que algunas compañías eléctricas dejaran de participar económicamente en estas actuaciones.

"Nosotros tenemos claro, y así lo vamos a decir en toda ocasión que se nos presente, que la responsabilidad de reducir y prevenir la muerte de aves en los tendidos es de las compañías eléctricas y son ellas las que tienen que abordar económicamente las correcciones, al margen de que la Administración ayude o no con financiación pública", recalcó Azkona.

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos señaló que la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, ofrece “un buen marco jurídico” para llevar a la práctica el cambio de paradigma que piden las ONG.

“La mortalidad por accidentes en líneas eléctricas es, a fecha de hoy, la principal causa de mortalidad no natural a la que se enfrentan algunas de las especies de aves más amenazadas de la fauna española, como el águila perdicera y el águila imperial ibérica”, concluyó.