Díaz cerró el acto de entrega de los premios Clara Campoamor de la Junta, que tuvo lugar en Málaga, con un discurso en el que exigió que no haya más “dilaciones”, sino que el pacto de Estado sea “una realidad inmediata”. Para ello, pidió a la subcomisión que termine sus trabajos en dos meses, en los que a su juicio “da tiempo a hablar de todo”.

A partir de ahí, aventuró, comenzarían las reuniones entre el Gobierno, los presidentes autonómicos, los alcaldes, el CGPJ y los centros especializados en violencia de género y en cuatro meses se firmará el pacto de Estado. España podrá “levantar el grito unánime” de que los maltratadores no tienen sitio en la sociedad. “Cuatro meses, que esto no es normal”, insistió, calificando la violencia de género como “terrorismo machista”.

La presidenta de la Junta enjuició que los primeros derechos que saltan por la ventana son los de igualdad de género y lamentó que, aunque el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue pionero con la Ley de Igualdad y la Ley Integral contra la Violencia de Género, el PP no la ha desarrollado sino que “se han creído que la inercia la lleva sola”, cuando hay que poner recursos y dar a los ayuntamientos la competencia de gestionar la primera atención a las víctimas.

“Se lo trasladé ayer a Ángeles Álvarez, que hay que ir por ahí (en la subcomisión)”, afirmó, en referencia a la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Otra sugerencia de Díaz para el futuro pacto de Estado fue que las denuncias por violencia de género no vayan “a la cola de un juzgado”, sino que “tienen que tener prioridad” en su tramitación judicial y no considerarse como problemas domésticos sino de índole social. Y una tercera que se faculte a los centros de salud, un teléfono menos sospechoso en la factura telefónica que los de la policía, para recibir las denuncias de mujeres maltratadas.

En el resto de su intervención, de enfoque íntegramente feminista, Díaz también mencionó la desigualdad salarial y laboral, de forma que el 70% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres; que son las mujeres quienes cargan con los problemas derivados de la falta de financiación estatal de la Ley de dependencia; y el miedo de las mujeres a que ser madres les dificulte su carrera profesional. “Yo, que tuve que explicar que estar embarazada no era estar enferma en una campaña electoral”, rememoró de la de las autonómicas de 2015.