De este modo, el Alto Tribunal respalda la normativa de regulación universitaria aprobada por el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, y condena a CCOO a pagar las costas del proceso.

La sentencia sostiene que el Gobierno no vulnera el principio de igualdad de todos los españoles, ya que “la previsible opción por los tres años de grado y dos de máster” que, según CCOO, cursarían estudiantes de menores recursos económicos o con peores calificaciones “para obtener el grado con celeridad no deja de ser una hipótesis que no va acompañada de sustento justificativo alguno, y que desde luego no pone de manifiesto el carácter discriminatorio de la norma”.

Asimismo, el Tribunal Supremo señala que el real decreto impugnado no tiene incidencia en el sistema de becas, puesto que no entra a regularlas, y añade que su objetivo es facilitar la movilidad internacional de los estudiantes.