Con esta iniciativa “se evita la inseguridad jurídica y se garantiza a todos los menores huérfanos de esta violencia criminal el derecho efectivo a una pensión de orfandad de cuantía suficiente”, según afirmó la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, que ha intervenido esta tarde en la jornada parlamentaria 'Huerfen@s de la violencia de género: una realidad oculta', organizada por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto de la Fundación Mujeres.

“Se trata de paliar la situación de desprotección que se produce cuando los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género se encuentra sin pensión de orfandad o con una pensión de escasa cuantía para cubrir sus necesidades de recuperación integral”, explicó la portavoz socialista.

“Nos rebelamos ante los comportamientos burocráticos de una administración que alega falta de cumplimiento de alta o cotización de las madres y que se escuda en interpretaciones literales de las normas jurídicas para privar de una pensión de orfandad necesaria a estos huérfanos”, agregó.

“Estamos hablando de una pensión contributiva, inserta dentro de nuestro sistema público de pensiones, de un derecho”, precisó Ángeles Álvarez. La iniciativa recoge expresamente que “a efectos de la generación del derecho a la pensión de orfandad, se considera en alta o situación asimilada a la de alta, la muerte de la madre por violencia de género”, lo que exime del requisito de cotización para estas prestaciones. De esta forma, “ninguna persona menor de 25 años huérfana por violencia de género y con ingresos familiares inferiores al 75% del SMI podrá ser privado de esta pensión”.

Además, esta pensión de orfandad será compatible con el reconocimiento del derecho a la pensión de orfandad que en su caso pudiera generarse como consecuencia de la muerte del padre homicida y que, en la actualidad, es de imposible concurrencia.

La propuesta también recoge una mejora en la cuantía hasta alcanzar el 70% de la base reguladora cuando esta pensión constituya la principal fuente de ingresos, y siempre que los rendimientos de la unidad familiar que los acoja, incluido el huérfano, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extras. En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, la cuantía de la pensión podrá situarse en el 118% de la base reguladora, tal y como ocurre en la pensión de viudedad, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.

“La no consideración de esta iniciativa supondría vulnerar el estatuto integral de protección diseñado por la Ley integral contra la violencia de género”, ha advertido Ángeles Álvarez que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para su aprobación. “No concebimos la negación a la mejora de la protección de estas víctimas de violencia de género. Significaría un punto de inflexión en el combate por la erradicación de esta forma de violencia”, concluyó.