Así se asegura en el informe de esta institución correspondiente a 2016 y que su titular, Soledad Becerril, presenta este martes en el Congreso y en el Senado.

En este informe se alude al estudio ‘Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual', que el Defensor del Pueblo elaboró tras recibir un encargo de la Cámara Baja, que le hizo esta solicitud a través de una moción de los partidos.

En su apartado de recomendaciones, esta Memoria Anual, al referirse al estudio sobre ETA, pide a distintos ministerios y a instituciones del Poder Judicial tomar una serie de medidas para evitar la impunidad de los etarras y tener presentes a las víctimas.

VÍCTIMAS EN LOS COLEGIOS

Así, Becerril demanda al Ministerio de Asuntos Exteriores “reforzar la acción exterior del Estado encaminada a satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas para lograr las extradiciones solicitadas por España de los autores de atentados terroristas que se encuentran en libertad en algunos países”.

También se pide a Exteriores establecer un “plan”, en coordinación con las asociaciones de víctimas, para que en “foros internacionales”, en especial la ONU, el Consejo de Europa y la UE, haya un “mejor conocimiento del daño causado por el terrorismo” en España.

Al mismo tiempo, se insta al Ministerio de Educación a “fomentar el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo” en el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, algo que podría incluirse en el Pacto de Estado por la Educación que quieren lograr los partidos.

Asimismo, Becerril considera que la Fiscalía General del Estado debe seguir trabajando para evitar la prescripción de los delitos de terrorismo y adoptando “las iniciativas pertinentes en el procedimiento de extradición de aquellos miembros de la organización terrorista ETA que no estén a disposición de la Justicia española y tienen causas judiciales pendientes en nuestro país”.