Esta ley sustituirá al anterior texto, de 1986, y tratará de diseñar una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer talento científico. También buscará reducir la burocratización del sistema y eliminar “barreras” a la movilidad de los investigadores.

De esta manera, el Ejecutivo remite a las Cortes el proyecto de ley, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado 12 de marzo.

Según afirmó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta norma permitirá a España “consolidarse entre los países con más producción científica del mundo”.

“Es una norma importante con la que vamos a mejorar nuestra capacidad para que en España el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso”, subrayó De la Vega.