Con esta medida, ambas administraciones pretenden impulsar la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos y demás procesos de gestión pública, reduciendo cargas burocráticas y fomentando la cooperación interadministrativa para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante las administraciones públicas.

De acuerdo con el convenio, se estudiarán aspectos como la reducción, valoración y medición de cargas administrativas en la regulación autonómica, la colaboración en la identificación de procedimientos y servicios interrelacionados de los distintos niveles de administración con objeto de introducir mecanismos de mejora de cara a ciudadanos y empresas, y el diseño, simplificación y automatización de procedimientos administrativos.

También se analizará la coordinación de los sistemas de información mediante parámetros comunes y la elaboración de un catálogo de servicios de las administraciones públicas para empresarios, así como la formación de los empleados públicos, particularmente de los involucrados en la elaboración de normas y en el diseño de procedimientos.