Los hechos se remontan al pasado 29 de abril de 2010, cuando una mujer falleció como consecuencia de hechos delictivos presuntamente cometidos por su marido. El conocimiento e instrucción del procedimiento penal ha correspondido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Massamagrell.

Según la Generalitat, el suceso no sólo constituye un caso de violencia de género, sino que también es un problema de ámbito social público de interés general, que obliga a los poderes públicos a actuar de una manera activa, con el objetivo de lograr la plena erradicación de los malos tratos.

Además, destacan que la Ley 9/2003 de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 36, que "la consejería con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat, el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogados, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunidad Valenciana".

Por su parte, aseguraron que el Decreto 122/2007 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, corresponde a ésta ejercer, entre otras, las competencias en materia de "prevención y erradicación de la violencia, con especial atención a la ejercida sobre la mujer".