En un comunicado, el sindicato afirmó que la decisión del Gobierno “provoca una crisis innecesaria al imponer por decreto la reforma de la estiba” y condiciona y compromete "gravemente" la negociación abierta entre los agentes sociales. En este escenario, la posibilidad de convocar una huelga "aumenta por momentos".

UGT manifestó que la “imposición” vía decreto de la reforma del sector de la estiba “viene a confirmar la nula voluntad de consenso” por parte de la Administración y criticó que no haya tomado en consideración las alternativas planteadas por las organizaciones sindicales.

A juicio de UGT, el contenido del real decreto “excede con mucho” las condiciones establecidas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014 y el Ministerio de Fomento ha utilizado “torticeramente” el fallo judicial para poner en marcha una “desregulación salvaje” que conllevará precariedad.

No obstante, UGT mostró confianza en que los grupos parlamentarios de la oposición enmienden los puntos “más controvertidos” del decreto.