La iniciativa indica que la atención a la dependencia constituye una política social de primer orden “en un país como España, en el que los cambios demográficos, sanitarios y sociales están provocando un incremento progresivo de la población en situación de dependencia”.

El diputado del PP Ignacio Tremiño explicó que la iniciativa persigue "potenciar e impulsar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas” y añadió que según datos del Tribunal de Cuentas “durante muchos años el Gobierno socialista no pagó las cuotas a la Seguridad Social. En enero de 2012 se debían las cuotas de los familiares de personas con dependencia, estamos hablando de más de 1.034 millones de euros que se pagaron en el 2013. Lo dice el Tribunal de Cuentas”.

“En cuanto a la financiación de la dependencia, desde 2012 a 2015 el Gobierno popular aportó 4.700 millones de euros a la dependencia y la lista de espera se ha reducido un 57%”, indicó.

Por otra parte, la comisión aprobó otra proposición no de ley del PP sobre el desarrollo y concesión de un distintivo solidario para aquellos agentes económicos que colaboren con la financiación de la dependencia.