El informe indica que, según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas se hallaban el año pasado detenidas por razones políticas y recuerda que una corte de apelaciones desestimó el pasado mes de julio un recurso contra la pena de cárcel impuesta al líder opositor Leopoldo López, que había sido condenado a 13 años y 9 meses de prisión, pena ratificada recientemente por el Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por la falta de independencia del poder judicial en Venezuela, donde más del 60% de los jueces ocupó el año pasado su cargo de manera temporal, por lo que la organización teme que “pudieran ser vulnerables a las presiones políticas”.

Además, lamenta que, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos, en Venezuela se juzgó en 2016 a civiles ante tribunales militares y que las fuezas policiales se negaron a cumplir las órdenes judiciales de puesta en libertad.

ATAQUES E INTIMIDACIÓN

El informe indica que se denunció “repetidamente” el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en la represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos. Apunta que el Gobierno de Nicolás Maduro declaró el estado de excepción y lo prorrogó cuatro veces durante 2016, y que la mayoría de las personas sospechosas de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2014 todavía no habían comparecido ante la justicia.

Amnistía recalca que los defensores de los derechos humanos continuaron siendo blanco de ataques e intimidación por parte de los medios de comunicación estatales y de altos cargos gubernamentales, y las cárceles seguían teniendo graves problemas de hacinamiento, con lo que las condiciones de vida de los reclusos empeoraron.

Según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo ante el Parlamento, un total de 22.759 personas se hallaban detenidas en dependencias judiciales en espera de juicio lo que provocaba hacinamiento y la propagación de enfermedades y violencia.

Además, las autoridades continuaron señalando a medios de comunicación y periodistas que mantenían una postura crítica respecto al Gobierno.