Así lo denuncia la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) en un comunicado, donde pide a los representantes de los trabajadores que reconsideren su posición, “demostrando su voluntad de dialogar, ante las graves consecuencias que tendrá esta actuación para toda la economía”.

Estos paros, que se producirán en días y horas alternas, han sido notificados en la reunión mantenida por patronal y sindicatos con la mediación del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. Pese a la convocatoria de estos paros, la negociación entre la patronal y los sindicatos de la estiba continuará este miércoles.

Anesco asegura que “los empresarios pretenden, en el seno de esta negociación, poner el acento en la continuidad del empleo, el respeto a la preservación de los derechos adquiridos por los trabajadores de la estiba, en la formación y la prevención de riesgos laborales”.

A este respecto, la patronal se muestra convencida de poder alcanzar acuerdos satisfactorios por ambas partes, pero considera “indispensable que las empresas estibadoras puedan desarrollar de forma real y efectiva la dirección, organización y control de sus trabajadores, como ocurre en el resto de sectores”.

En esta línea, reitera su disposición a seguir dialogando con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva para que pueda culminar con éxito la reforma a la que obliga la sentencia de 11 de diciembre de 2014.

Por último, denuncia que se continúan realizando desde la convocatoria hasta la reunión de hoy, acciones de huelga encubierta, mediante bajos ritmos coordinados, especialmente en los puertos de Valencia, Alicante y Cádiz, estimados en el 23% de reducción de la productividad media habitual.

Los sindicatos habían convocado anteriormente una semana de huelgas entre el 20 y el 24 de febrero que fue finalmente aplazada tras la decisión del Ministerio de Fomento de retrasar una semana la aprobación del decreto.

El departamento dirigido por Íñigo de la Serna, quien hoy ha dicho en el Senado que patronal y sindicatos “tienen la obligación” de alcanzar un acuerdo, sostiene que el decreto no puede incluir las demandas de los estibadores pero que sí pueden aceptarse en el marco de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal.

De hecho, el decreto que previsiblemente aprobará el Ejecutivo el próximo viernes, 24 de febrero, contempla establecer un plazo de un año para que los convenios colectivos se adapten a la nueva normativa.

Además, con el retraso en la aprobación del decreto, el Gobierno ganó tiempo en la negociación que debe mantener con los grupos parlamentarios de la oposición, que deben convalidarlo en las Cortes.