Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo puso de manifiesto que la aplicación de este acuerdo aportará “beneficios sustanciales” a la UE y a Canadá al facilitar los intercambios en materia de comercio de bienes y servicios, de inversión, de acceso a la contratación pública y de establecimiento de empresas.

También consideró que preservará los “baremos más elevados de equidad” en las relaciones laborales, de defensa del medio ambiente y de la protección contra el uso indebido de las denominaciones de origen.

El Gobierno afirmó que la entrada en vigor del CETA supondrá un “importante hito” en el desarrollo de "un comercio libre, abierto y justo" y “un modelo al que aspirar” en las relaciones económicas entre la UE y otros espacios económicos.