En los pasillos del Congreso, declaró que dirigentes de su partido se reunieron la semana pasada con representantes de los estibadores y ahora lo harán también con la patronal para conocer los argumentos de las dos partes.

“No nos toca decidir”, precisó, pero en la medida en que el decreto tiene que ser convalidado y está en juego una huelga y el futuro de 7.000 puestos de trabajo “hay que implicarse” y tratar de contribuir a que la situación sea lo más “pacífica” y “dialogada” posible.

Rivera aseguró que las dos partes coinciden en que hay que cumplir la exigencia de la Unión Europea para liberalizar el sector y no se puede pgar una sanción que supondría 400 millones de euros al año. La cuestión, precisó, es cómo se hace la transición a esa liberalización y cómo se garantizan los derechos de los trabajadores en el paso a las nuevas empresas.

En su opinión, “el margen está en la negociación colectiva”, en las fórmulas para la subrogación de esos trabajadores a las empresas que se creen en el sector una vez liberalizado.

Aunque no quiso hablar en nombre de las partes, Rivera aseguró que los estibadores han cumplido su compromiso de levantar la huelga si percibían espacio para la negociación, y expresó su confianza en ese margen de una semana para evitar una huelga que sería “un drama” para la economía española y para muchos ciudadanos, especialmente de las islas, ya que el 60% de las mercancías entran en España por los puertos.

Minutos antes, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Rivera subrayó también que España lleva tres años con este asunto pendiente y criticó que haya que solucionarlo “a última hora” con riesgo para las arcas públicas.