Según explicó la Comisión en un comunicado, se considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son “desproporcionadas”.

Desde Bruselas indicaron que “como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él”.

Por ello, agrega, “estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE”.

De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión recuerda que puede llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por otra parte, Bruselas ha pedido a España que cumpla la directiva de lucha contra la morosidad para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales.

En otro orden de cosas, la Comisión ha enviado un dictamen a España por no haber comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la directiva de 2014, que establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control apropiados, sobre el desplazamiento de trabajadores.