La protesta tuvo lugar después de que en diciembre pasado el Constitucional rechazase analizar el caso de una joven gallega con discapacidad intelectual a la que un juez no dejó votar al entender que no tenía el “discernimiento” suficiente. Este magistrado se basó para ello en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que los colectivos de la discapacidad piden modificar.

Contra la decisión del Constitucional y contra la actual redacción de la Loreg fue convocada la concentración de este miércoles, que se inició a las 11.00 de la mañana y que estaba promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena inclusión y Down España. También contó con el apoyo de la ONCE y su fundación.

La movilización fue respaldada por más de un millar de personas, que se situaron frente a la sede del Constitucional, en la calle de Doménico Scarlatti, con tres grandes pancartas con el lema “Por el derecho al voto de las personas con discapacidad. #MivotoCuenta”.

“CON LOS DERECHOS NO SE JUEGA”

Los congregados portaban carteles con el lema “Con los derechos no se juega”, al tiempo que corearon insistentemente el lema “Queremos votar”. Además, se efectuó la lectura del llamado 'Manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad'.

En este texto se afirmaba que es “muy grave” que el Constitucional se negase a estudiar el recurso de la joven gallega con discapacidad intelectual que pidió votar. Al mismo tiempo, se reclama “al Gobierno y a los diputados que cambien la ley electoral para que todas las personas con discapacidad puedan votar sin excepción”.

A este respecto, Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su fundación, declaró a Servimedia que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental deben tener el mismo derecho al voto y que protestas como la de este miércoles se producen cuando a los miembros de este colectivo se les “margina”.

SIN “EXCEPCIONES”

A su vez, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, aseguró a esta agencia que, al no estudiar el caso de la joven gallega, el Constitucional muestra que “no ha asumido la cultura de derechos humanos y discapacidad” de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tildó esta decisión de “atropello” y dijo que el colectivo de la discapacidad no admitirá “excepciones” en eventuales cambios de la legislación para solucionar esta restricción de derechos.

Asimismo, Santiago López, presidente de Plena inclusión, dijo que “lo más sencillo” para garantizar el voto de todas las personas con discapacidad es que se suprima el artículo 3 de la Loreg, que es el que pone condiciones para que ejerzan este derecho los sujetos a tutela judicial.

Por su parte, José Fabián Cámara, presidente de Down España, manifestó que “el derecho al voto tiene que ser universal, sin restricción alguna”, y que si esto se recoge en la Loreg ningún juez podrá tomar decisiones restrictivas.